La Aduana reforzó el control físico sobre las importaciones y redefinió el uso del canal rojo de selectividad. Entre los cambios, se habilitó el traslado de contenedores a depósito fiscal para su inspección y se excluyó a las cámaras empresarias como veedores: ahora los controles quedan exclusivamente en manos del personal aduanero.
Un nuevo protocolo de vigilancia
El endurecimiento se apoya en un Protocolo de Vigilancia de Mercado, establecido por la Resolución 56/2026 de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía. El esquema define cómo se seleccionan los productos a inspeccionar y prioriza según el nivel de riesgo —impacto sobre la salud y la seguridad—, los antecedentes de infracción, las denuncias recibidas y el análisis de datos de comercio exterior, entre ellos el volumen de importación y la antigüedad del operador.
La selectividad no es nueva en sí misma: el sistema aduanero asigna desde hace años un canal a cada operación. El canal verde libra sin controles, el naranja implica revisión documental y el rojo supone verificación física de la mercadería. Lo que cambia es la intensidad y el criterio con que se activa el rojo, ahora ligado a un protocolo de riesgo y a la reincidencia del operador.
El criterio de riesgo apunta a concentrar los recursos de control donde son más necesarios y a agilizar el resto de las operaciones. En los hechos, traslada al importador un incentivo directo: cuanto más consistente y limpio sea su historial, menor será la probabilidad de que sus destinaciones sean derivadas a verificación física. La antigüedad como operador y el volumen declarado pasan a formar parte de esa ecuación de perfilado.
Qué cambia en la operatoria
Una de las modificaciones concretas habilita el traslado de contenedores con canal rojo o naranja a depósitos fiscales para realizar las inspecciones, un procedimiento que busca ordenar la logística del control sin congestionar las terminales portuarias. La otra, de mayor peso institucional, elimina la participación de las cámaras empresarias y asociaciones sectoriales como veedores en las inspecciones físicas: de ahora en más, esos controles los ejecuta exclusivamente el personal de Aduana.
- Selección de productos por riesgo, antecedentes, denuncias y datos de comercio exterior.
- Traslado de contenedores con canal rojo o naranja a depósito fiscal para inspección.
- Exclusión de las cámaras sectoriales como veedores: control a cargo solo de Aduana.
El régimen de sanciones también se precisa. Si un producto no cumple, el infractor debe reembolsar la totalidad de los costos incurridos en el análisis, además de las multas y sanciones aplicables. En casos de reincidencia o de falta de respuesta a los requerimientos, se aplica el canal rojo y la operación pasa a un control ex ante, previo al ingreso de la mercadería.
La logística del control también se reordena. Al permitir que los contenedores con canal rojo o naranja se trasladen a depósito fiscal, el procedimiento descomprime las terminales portuarias y habilita inspecciones en un entorno controlado, aunque suma un eslabón adicional al recorrido de la mercadería. Ese traslado tiene costos y plazos propios que el importador debe prever al programar la cadena de nacionalización.
El canal rojo deja de ser solo una verificación puntual y pasa a operar como consecuencia: la reincidencia mueve al importador hacia un control previo al ingreso.
Competencias y alcance
El nuevo esquema reparte responsabilidades. La Subsecretaría de Comercio Exterior queda a cargo de la vigilancia operativa, mientras que la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial concentra la potestad de investigar y aplicar sanciones. Esa división busca separar el control técnico de la operatoria de la potestad sancionatoria, aunque en la práctica ambas convergen sobre el mismo importador.
Para el operador, el mensaje es claro: el historial pesa. La antigüedad, el cumplimiento previo y la ausencia de infracciones se vuelven activos concretos que reducen la probabilidad de caer en canal rojo, con el costo de tiempo y dinero que implica una verificación física. La trazabilidad documental y la consistencia entre lo declarado y lo que efectivamente ingresa dejan de ser una formalidad para convertirse en la mejor defensa frente al control.
El nuevo reparto de competencias no altera la responsabilidad última del importador, que sigue siendo el sujeto obligado frente al servicio aduanero. Sí redefine con quién se relaciona en cada instancia del control y ante quién responde por eventuales sanciones, un dato relevante para dimensionar riesgos y plazos antes de comprometer un embarque.
Qué significa para los importadores
El giro combina apertura comercial con un control más selectivo y basado en riesgo. Para el importador cumplidor es una buena noticia: el sistema premia el buen historial y concentra el escrutinio donde hay antecedentes o inconsistencias. Para el que opera con documentación endéble, el costo sube, porque la reincidencia empuja hacia un control previo al ingreso que demora la mercadería y encarece la operación.
Recomendamos ordenar la documentación de respaldo de cada operación, cuidar la consistencia entre la declaración y la mercadería efectivamente embarcada, y trabajar con el despachante el perfil de riesgo del propio legajo. En un esquema que cruza volumen, antigüedad y antecedentes, construir un historial limpio es la forma más eficaz de bajar la probabilidad de canal rojo y de mantener previsibles los tiempos de nacionalización.